La otra desigualdad

Como hemos señalado en la entrada anterior, las estrategias empresarias son la base del fundamento competitivo de una nación y la economía de mercado se presenta de esta manera como la más eficaz para promover el desarrollo humano que dicha competitividad conlleva. Sin embargo, la concentración de la riqueza sigue siendo una gran preocupación para la comunidad internacional, tal como lo advirtió elocuentemente a principios de año en Davos la ONG Oxfam ante el “World Economic Forum”: en el próximo año la mitad de la riqueza global estará en manos del 1% de la población mundial, siendo actualmente esa proporción un 48% cuando en el año 2009 era 44%.

En este mismo sentido podemos reflexionar acerca de la lista de personas millonarias publicada anualmente por la revista Forbes en donde hallamos que nada menos que 1.800 personas detentan un patrimonio equivalente al 9% del PBI mundial. Para ser aún más gráfico, el PBI argentino equivaldría a la riqueza de tan sólo 10 personas incluidas en esa misma lista.

¿Cuáles son las razones que explican semejantes brechas? Una de las hipótesis y que cuenta por cierto de una extensa adhesión, formula que es justamente la libertad económica el origen de dicho fenómeno dado que permite a aquellos que detentan una posición de privilegio enriquecerse a costa de los menos poderosos.

Numerosos economistas e intelectuales abrazan con diferentes matices esta línea de pensamiento y entre ellos es interesante destacar al prestigioso filósofo norteamericano John Rawls quien en su acreditada Teoría de la justicia ha intentado corregir estas diferencias. En esa trascendental obra Rawls concluye que los hombres necesariamente deberían decidir de antemano cómo regular las pretensiones de unos y otros, y para ello nos brinda la célebre “posición original” en donde los principios de justicia deberían escogerse tras un “velo de ignorancia”, esto es desconociendo su situación en la sociedad para que de esa manera los resultados (ya sean por el azar natural o por las contingencias de las circunstancias sociales) no den a nadie ventajas ni desventajas al menos en dos principios fundamentales: 1) la igualdad en la repartición de los derechos y deberes básicos, y 2) beneficios compensadores para todos, en particular, para los miembros menos aventajados de la sociedad.

En otras palabras, la teoría de Rawls intenta lograr primero una igualdad de oportunidades básicas para todos y luego, ya en la carrera de las diferentes capacidades, intenta compensar a los más rezagados. Lo que esta teoría en el fondo está haciendo es apelar a la justicia distributiva y relegar a un segundo plano la justicia conmutativa y por lo tanto desplazar el derecho a la propiedad individual y su libertad de acción.

Más allá de la validez o no de esta primacía que nos ocuparemos en otra oportunidad, lo importante es destacar que este proceder deja al descubierto otra desigualdad muy visible entre los países y que aporta una robusta explicación a las diferencias sociales. Nos estamos refiriendo a la responsabilidad que atañe a los gobiernos que ejercen el poder público, para lo cual la “transparencia” en la que se desenvuelve la relación entre el sector público y privado pasa a ser un factor clave en los términos de aquella lógica distribucionista.

Si consideramos el informe realizado anualmente por “Transparency International”, una de las más prestigiosas publicaciones acerca de la percepción de corrupción en los diferentes países, podemos verificar una enorme divergencia y es aquella que se produce precisamente entre las sociedades que menosprecian la transparencia con aquellas que la valoran, siendo éstas últimas las que generan mayores ingresos per cápita tal como se refleja en el siguiente gráfico.

Fuente: elaboración propia en base a The World Bank y
Transparency International

Posiblemente la pobreza debería concebirse como la privación de las capacidades básicas y no sólo como una renta baja como lo afirma magníficamente el premio nobel de economía Amartya Sen en su libro Desarrollo y libertad, en donde nos manifiesta la importancia de centrarnos en la calidad de vida y en las libertades fundamentales en lugar de focalizarnos en las arraigadas tradiciones económicas con eje en la riqueza. Pero a la vez es cierto como aclara Sen que la corrupción general es uno de los principales obstáculos que impiden el progreso económico, y coincidimos con él en que es difícil erradicarla induciendo a los individuos a ser menos interesados por su beneficio personal sino que es trascendental examinar las normas y los valores presentes en cada sociedad.

En este sentido Santo Tomas de Aquino, un notable exponente del derecho natural, nos enseña en la Suma Teológica, su opus magnum, que la ley “se ordena al bien común” y se impone a modo de “regla y medida”. Con la posterior aparición del positivismo jurídico esta moralidad en las leyes perdió acaso algo de su vitalidad, aunque subsiste un factor de equilibrio dado que el poder coercitivo de las leyes no debería alejarse de dos axiomas fundamentales: la prudencia en su elaboración y la transparencia en su ejecución.

Por lo tanto, si los gobiernos no llevan a cabo fielmente esta noble tarea las sociedades caen en aquél dilema tan bien explicado por Bastiat en un ensayo publicado en 1854 titulado La ley: “Ninguna sociedad puede existir si en ella no reinan leyes en alguna medida; pero lo más seguro para que las leyes sean respetadas es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se encuentra ante la cruel alternativa de perder la noción de moral o perder el respeto a la ley. Dos desgracias igualmente grandes entre las cuales es difícil elegir”.

Sin dudas, cualquiera sea la respuesta a este dilema, se deforma aquella pretendida justicia distributiva y por lo tanto las desigualdades sociales dejarían de ser una cuestión de privilegios de unos sobre otros provocadas por la libertad económica para pasar a ser una cuestión esencialmente axiológica y cultural, un tema que ya hemos tratado en otra oportunidad (*) y que arribamos ahora por este otro camino alternativo.

 

(*) Ver Cultura, economía y riesgo